Para evitar sorpresas, para nada divertidas, el Ministerio de Educación porteño aprobó una normativa que obliga a las instituciones de gestión privada a informar con anticipación cualquier decisión de cierre.
Con el fin garantizar vacantes, resguardar documentación y ordenar procesos ante la caída de la matrícula escolar, la cartera educativa porteña aprobó una nueva reglamentación para regular el cierre de colegios privados en CABA, luego de reiterados episodios que dejaron a familias y docentes sin aviso previo.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial porteño y apunta a prevenir cancelaciones intempestivas y garantizar procesos ordenados de reubicación escolar.
A partir de ahora toda decisión de cancelación institucional deberá contar con una evaluación previa y el aval de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Además, las instituciones que enfrenten un riesgo de continuidad deberán comunicarlo formalmente para recibir acompañamiento y asesoramiento del Estado.
La normativa establece que los colegios deberán avisar su intención de cierre con al menos cinco meses de anticipación y presentar un cronograma detallado del proceso. Esto incluye lineamientos de comunicación con la comunidad educativa, estrategias para que los estudiantes finalicen el ciclo lectivo y mecanismos para garantizar la continuidad escolar en otras instituciones.
También se exigirá una declaración jurada que comprometa a las autoridades al resguardo y entrega completa de la documentación oficial. El trámite de cancelación deberá iniciarse, como máximo, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre, y la Dirección General tendrá diez días hábiles para evaluar la documentación antes de autorizar la comunicación pública.
La medida surge en un contexto crítico para el sistema educativo privado. Un informe del Gobierno porteño advirtió que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25% respecto de 2020, y se prevé que esa merma alcance a todo el nivel primario para 2028. A esto se suma la crisis económica, la alta morosidad en el pago de cuotas y las secuelas de la pospandemia.
En las últimas semanas tomó notoriedad el cierre del Instituto Formar Futuro, que tenía 300 familias matriculadas y 75 trabajadores, cuyos responsables dejaron de responder tras anunciar que no pagarían los salarios de diciembre. Casos como ese aceleraron la necesidad de un marco regulatorio más estricto.
Según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), solo en 2024 cerraron al menos 15 colegios privados en todo el país. Entre 2021 y 2024, la matrícula total del sistema educativo argentino registró una caída acumulada del 2,57%.
