Es por presuntos hechos de corrupción con empresarios contratistas de la CABA. Al funcionario de Larreta se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional. Fue a pedido del Presidente Albero Fernández para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana.
Se trata de hechos que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública.
La denuncia presentada durante el transcurso de la mañana de este viernes 6 de enero, requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro.
La idea es que se investigue una posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales. Todo ello en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
Asimismo se involucra a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
La denuncia presentada por el Ministro de Justicia de la Nación pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.
Al respecto, el escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”.
En el m ismo sentido indica que el pago mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
Sostienen que de provarse dejarían en evidencia el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
